El pasado 17 de abril de 2020 se publicó en el BOE el anuncio de licitación para el servicio de asistencia en el tratamiento de expedientes de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil con recurso contencioso administrativo interpuesto en la Audiencia Nacional.
El objeto del contrato es sacar a licitación un servicio de asistencia en la recepción, clasificación, localización, preparación y tramitación de los expedientes de Nacionalidad y Estado Civil cuyos titulares hayan interpuesto recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional. Es decir, que el Ministerio, en vez sacar plazas para nuevos funcionarios públicos o contratar más personal, externaliza el servicio, permitiendo que empresas privadas puedan asistir al Ministerio dando apoyo en la tramitación de los expedientes de nacionalidad en los que se ha interpuesto recurso contencioso.
De este modo, será una empresa externa quien llevará a un grupo de trabajadores a las dependencias de la Subdirección de nacionalidad para realizar tareas administrativas, pero en ningún caso tendrán la consideración de funcionarios ni empleados del Ministerio.
El motivo de esta contratación, es evidente, pues las solicitudes de nacionalidad no se están resolviendo dentro del plazo máximo de 1 año legalmente establecido, hecho que permite a los ciudadanos extranjeros interponer el recurso contencioso para acelerar su expediente de nacionalidad.
Así, el propio Ministerio estima que vayan a interponerse de media 1.000 recursos contenciosos administrativos mensualmente, la mayoría por silencio, (la demanda contenciosa para agilizar el expediente de nacionalidad) incluidos expedientes de nacionalidad en vigor desde el 15 de octubre de 2015.
Según el pliego de cláusulas administrativas al que nuestro despacho de abogados ha tenido acceso a través de la plataforma de contratación del Ministerio, se trata de un contrato que se licitará en los próximos días y que entrará en funcionamiento a partir del 1 junio de 2020 por un plazo de 8 meses prorrogable y con un valor estimado de 243.297,64 euros:
El pliego de prescripciones técnicas describe los trabajos a realizar y nos muestra el flujo actual de trabajo de la SG en las tareas que vienen haciendo respecto a la tramitación de los expedientes de nacionalidad con recurso contencioso:
A) Fase de clasificación, registro y localización:
Se trata de la primera fase del expediente y tiene por objeto identificar, catalogar y registrar los tipos de documentos que recibe la sg de la Audiencia Nacional una vez se interpone el recurso contencioso.
B) Fase de traslado de los expedientes administrativos a la audiencia nacional:
En esta fase se entragan los expedientes a la audiencia nacional. Si el expediente de nacionalidad no está grabado en aplicativos Atenas o Genraes, se traslada la carpeta al personal de INECO para la grabación y subida a la aplicación.
C) Fase de recepción de sentencias: notificación de resoluciones, traslados de documentos y acuses de recibo:
En esta fase, normalmente, cuando hay satisfacción extraprocesal por haberse concedido la nacionalidad española, se notificará la resolución de concesión a la audiencia nacional.
Por último, se advierte que correrán por cuenta y riesgo del adjudicatario todos los medios humanos que sean necesarios para la correcta ejecución de los trabajos a desarrollar. El personal que el empresario adscriba a la ejecución del contrato dependerá exclusivamente de éste, y se entenderán con el mismo todos los derechos y obligaciones dimanantes de la relación laboral, quedando obligado al cumplimiento de todas las obligaciones en materia laboral, Seguridad Social y Prevención de riesgos laborales. En ningún caso los empleados del adjudicatario participarán en las políticas y estructura operativa de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil (en adelante SGNEC), tales como promociones, premios, eventos (fiestas de empresa, cóctel de Navidad), instalaciones de uso común para los empleados (parking, …). En todo caso, la actividad de control y supervisión de la SGNEC se limitará a comprobar el cumplimiento de lo contratado.
Por tanto, y sin desmerecer las buenas intenciones del Gobierno, opinamos que el Ministerio tira de talonario externalizando servicios básicos que deberían hacerse por funcionarios y evita la creación de una plantilla estable de funcionarios capacitados y especializados en el trámite de nacionalidad, lo que entendemos que a la larga les pasará factura.
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