Una de las mejores opciones para paralizar o suspender una orden de expulsión es presentar una medida cautelar ya sea en sede administrativa o en sede judicial acreditando que la persona está arraigada en España.
En el ámbito cautelar y en materia de extranjería, si bien la doctrina jurisprudencial es favorable a la suspensión de la ejecución de resoluciones administrativas de expulsión de extranjeros del territorio nacional en el supuesto de que tal medida les cause un perjuicio irreparable, especialmente cuando provoque una situación de desarraigo familiar o cuando la persona afectada este arraigada en España por razón de sus intereses familiares, sociales o económicos, lo preocupante es que la Administración inicie procedimientos que solo provocan que las personas afectadas se sientan desarraigados y evocadas a abandonar el país.
Así las cosas y en uno de los expedientes que heoms tratado recientemente nos hemos encontrado, que la Delegación del Gobierno pretendía expulsar del territorio español a una madre y a sus tres hijas, todas ellas menores de edad.
Pueden imaginarse lo que ha significado para nuestro cliente no tener durante el tiempo de tramitación del procedimiento contencioso-administrativo una autorización de residencia en vigor. En primer lugar, por el riesgo y miedo constante a cualquier identificación por parte de la Policía y por otro, la clara vulnerabilidad en la que quedaba tanto la madre como las tres niñas.
Entonces, ¿como puede paralizar o suspender una orden de expulsión? una de las mejores opciones es instar una medida cautelar ya sea en sede administrativa o en sede judicial acreditando que la persona está arraigada en España, ello permite ganar tiempo hasta que la autorización de residencia por circunstancias excepcionales se ha resuelto favorablemente.
Como Abogados expertos en paralizar ordenes de expulsión, seguiremos luchando para que éstas no se concedan arbitrariamente presentando de forma rigurosa medidas cautelares que sirvan a la causa por la que se crearon: evitar el grave perjuicio que supone la demora de un proceso judicial y pretendiendo con ello que la administración se lo piense dos veces antes de iniciar procedimientos de expulsión de extranjeros que están condenados al fracaso.
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